La raíz del problema está en la escasez de ingresos derivados del desempleo, las reducciones salariales y las múltiples medidas que rebajan las cotizaciones empresariales, que son los elementos que minan las bases financieras del sistema.
Es la ilógica de la austeridad, que reduce cotizantes y cotizaciones, la que pone en peligro nuestro sistema de pensiones.
En un Estado de Bienestar, el sistema público de pensiones es un elemento esencial que tiene que actuar como mecanismo de cohesión social y solidaridad entre generaciones, garantizando unas condiciones de vida dignas para las personas, especialmente al llegar a la edad de jubilación o en caso de sufrir alguna contingencia que haga mermar la capacidad de generar ingresos.
El problema actual que se nos presenta no se genera de forma espontánea, sino porque se han ido introduciendo elementos que han hecho que se reduzcan los ingresos. No es, por la tanto, una cuestión de aumento de gastos.
Por mucho que se empeñen en mantener el discurso falso y sencillo de que la proporción entre personas jubiladas y en activo crece, junto a un aumento de la esperanza de vida, y que esta situación es insostenible y se hace necesario hacer recortes en las prestaciones, hay que plantear que existen otros elementos, como la productividad, que está haciendo que en las últimas décadas cada trabajador genere más riqueza.
Este hecho, fácilmente contrastable, permite que la proporción financiable entre activos y pasivos no se mantenga constante sino que vaya en aumento.
Lo que no se dice públicamente por los representantes de las aseguradoras y los bancos, principales defensores de los sistemas privados de pensiones, es a dónde van los incrementos de productividad, si a aumentar los dividendos de los beneficios empresariales, como viene sucediendo, o por ejemplo a ampliar las cotizaciones que sostienen el sistema público de pensiones.
Es una cuestión de distribución de la riqueza generada, no una simple cuestión de ingresos y gastos.
Y en todo este maremágnum, los bancos y aseguradoras, amparados por las declaraciones catastrofistas de las instituciones nacionales e internacionales, siguen haciendo caja con la venta de planes de pensiones privados.
La solución al problema es simple, siempre y cuando haya una voluntad política de solucionarlo.
Primero, acabar con la temporalidad del empleo, eliminar las medidas que reducen las cotizaciones empresariales y aumentar los ingresos de los trabajadores, lo cual redundará en un aumento de cotizaciones a la Seguridad Social.
Segundo, invertir en I+D+i, como manera de mejorar más la productividad y crear más puestos de trabajo y mejor cualificados.
Tercero, la financiación del sistema público de pensiones por la vía de los Presupuestos Generales del Estado es admisible como medida transitoria mientras se ponen en marcha las dos medidas anteriores.
En definitiva, el debate que se debe abrir en la sociedad no es si tenemos que recortar las pensiones, sino cómo redistribuir la riqueza generada por el aumento de productividad