Este juicio político, con su correspondiente condena política, intenta criminalizar a las personas que luchan día a día y tiene como objetivo instalar el miedo a protestar y revelarse contra las injusticias que estamos viviendo día a día.
STC considera que la detención e ingreso en prisión llevado a cabo el pasado 30-3-2016 para cumplir una injusta condena de 3 años y seis meses de prisión es un atropello al Estado de Derecho y condenamos este tipo de actuaciones judiciales y políticas.
La condena se sustenta en una supuesta agresión a un concejal durante una movilización de los jornaleros andaluces del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) sin considerar las contradicciones manifestadas en el acto del juicio por los miembros de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Incomprensiblemente, mientras los miembros de la Guardia Civil dieron la razón a la defensa de Andrés Bódalo, un concejal y los miembros de la Policía Municipal decían lo contrario apoyando las tesis del Ayuntamiento de Jódar, que ejercía de acusación particular.
También de forma incomprensible, por causas desconocidas, la Procuradora que tenía que presentar el Recurso ante el Tribunal Supremo no lo hizo, negligencia que no ha sido observada por el alto tribunal a la hora de inadmitir a trámite el recurso.
Lo mismo que, aun habiendo presentado un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, una petición de indulto y una solicitud de aplazamiento del ingreso en prisión, el Juzgado no ha esperado a decretar el ingreso en prisión hasta que se resuelvan.
Tal acumulación de hechos nos lleva a calificar este caso como una persecución política contra las personas y organizaciones de defendemos un mundo más justo e igualitario.