La actual Ley de Contratación afecta únicamente al sector de la Construcción, cuando la subcontratación en nuestro país está tan generalizada que debe regularse para acabar con la contratación especulativa y la precarización de las condiciones laborales.
El exceso en las cadenas de subcontratación, además de no aportar ninguno de los elementos positivos desde el punto de vista de la eficiencia empresarial, que se deriva de la mayor especialización y cualificación de los trabajadores, ocasiona, en no pocos casos, la participación de empresas sin una mínima estructura organizativa que permita garantizar que se hallan en condiciones de hacer frente a sus obligaciones de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.
De esta manera, su participación en el encadenamiento sucesivo e injustificado de subcontrataciones opera en menoscabo de los márgenes empresariales y de la calidad de los servicios proporcionados de forma progresiva hasta el punto de que, en los últimos eslabones de la cadena, tales márgenes son prácticamente inexistentes, favoreciendo el trabajo sumergido, los “falsos autónomos”, etc… justo en el elemento final que ha de responder de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que realizan las obras y servicios.
Es por ello que los indicados excesos de subcontratación pueden facilitar la aparición de prácticas incompatibles con la seguridad y salud en el trabajo.
La propuesta presentada ante el Congreso de los Diputados por STC se dirige en una triple dirección:
En primer lugar, exigiendo el cumplimiento de determinadas condiciones para que las subcontrataciones que se efectúen respondan a causas objetivas, con el fin de prevenir prácticas que pudieran derivar en riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y evitar la especulación mediante la acaparación de contratos.
En segundo lugar, exigiendo una serie de requisitos de calidad o solvencia a las empresas que vayan a actuar en cualquier sector, y reforzando estas garantías en relación con la acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales de sus recursos humanos, con la acreditación de la organización preventiva de la propia empresa y con la calidad del empleo, precisando unas mínimas condiciones de estabilidad en el conjunto de la empresa.
Y, en tercer lugar, introduciendo los adecuados mecanismos de transparencia en las obras subcontratadas, mediante determinados sistemas documentales y de reforzamiento de los mecanismos de participación de los trabajadores de las distintas empresas que intervienen en la obra o servicio.
Finalmente, aunque no sería de inclusión en esta propuesta de ley, debería estudiarse un gravamen impositivo o compensación a la Seguridad Social sobre las obras o servicios subcontratados, encaminados a hacer desistir o desincentivar a los empresarios de la subcontratación de obras y servicios salvo en los supuestos en que les sea realmente necesario, evitando así la destrucción o sustitución de empleo estable y de calidad por otro modelo más precario.
A su vez, se debe regular legislativamente para evitar la especulación y enriquecimiento a través de empresas que se dediquen a acaparar contratos públicos o privados, sin que esté en su ánimo realizar los mismos con recursos propios.
Debemos impedir la sustitución de empleo estable y de calidad, evitando la proliferación de figuras ilegales como la de los “falsos autónomos”, amparadas en la necesidad de las personas y la falta de control por parte del Estado.
Además, esta situación minora los ingresos en la Seguridad Social, poniendo en peligro nuestro sistema público de pensiones y de sanidad pública.
En definitiva, el objetivo de esta propuesta de modificación legislativa es mejorar las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores dando respuesta a reivindicaciones y movilizaciones de los colectivos afectados, evitar, o al menos limitar, la economía especulativa y el deterioro de las relaciones laborales.
Es obligación de todos los agentes sociales, partidos políticos, sindicatos, sociedad civil, etc… oponernos a este desangramiento flagrante que está produciendo el actual desequilibrio de poder producido por las reformas laborales realizadas en nuestro país y reponer el necesario equilibrio de poder que debe regir la actividad económica entre empresarios, trabajadores y autoridad laboral.