7,6 millones de euros por nada (10-09-2014)

El Tribunal Supremo ha recibido el informe remitido por la juez Alaya en el que se afirma, según los medios de comunicación que han publicado la noticia, que CCOO&UGT, S.A. han cobrado 7,6 millones de euros, entre 2001 y 2009, por sobrecomisiones en ERE`s fraudulentos y emisión de facturas por servicios no prestados.

La juez afirma que con las sobrecomisiones que cobraban las entidades aseguradoras mediadoras en los ERE`s pagaban a CCOO&UGT, S.A. y estos facilitaban «la culminación normalizada de los mismos», emitiendo facturas por «servicios no prestados» y limitándose exclusivamente a «revisar los cálculos actuariales».

Una nueva denuncia que, desgraciadamente, se suma a otras denuncias sobre corrupción sindical, como los fraudes en los cursos de formación del FORCEM, donde el dinero que pagamos con nuestros impuestos para dar formación a los trabajadores (activos y desempleados) parece ser que no se destinaba a ese fin.

Es posible entender ahora los motivos por los que estos dos sindicatos prefieren pactar y recortar derechos a los trabajadores antes que defender los derechos que tantos años costaron conseguir.

Subvenciones millonarias de los Presupuestos Generales del Estado (da igual el color del Gobierno de turno) y beneficios millonarios por gestionar junto a la Banca los Planes de Pensiones de los trabajadores (aunque los Planes de Pensiones pierdan dinero) son sus verdaderos motivos de existencia, ya que la defensa que hacen de los intereses de los trabajadores la han demostrado firmando numerosas Reformas Laborales, Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva, Reforma de las Pensiones (aumentando la edad de jubilación a los 67 años), y un largo etcétera de acuerdos a la baja en las empresas.

Está claro que estos 7,6 millones de euros, cobrados según la juez Alaya, o los 4 millones de euros que cobraron en concepto de dividendos el año pasado como accionistas de las Entidades Gestoras de los Planes de Pensiones del BBVA y de Telefónica (40% y 30%, respectivamente) son parte de un sistema corrupto de representación sindical que hay que cambiar.

Llegados a este punto, STC se reafirma en la necesidad que tenemos los trabajadores de tener a nuestra disposición sindicatos que ejerzan la defensa de nuestros derechos y no a estas «empresas sindicales» que tienen mucho que callar por sus actuaciones corruptas.

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