28-7-2025 | Agencia Europa Press
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha revocado una sentencia del Juzgado de los Social número 7 de Bilbao y obliga a otorgar una incapacidad permanente a una trabajadora administrativa con fibromialgia y fatiga extrema.
El nuevo dictamen obliga a reconocer una Incapacidad Permanente Total, lo que exime a la trabajadora de su puesto de trabajo habitual, y una prestación económica en función de sus bases de cotización, que cobrará desde ya con carácter retroactivo desde enero de 2024. Además, podría trabajar en algún puesto que se adapte a las condiciones que sus patologías le permitan, según ha informado Parrado Asesores Abogados, gabinete encargado de la defensa de la trabajadora.
El TSJPV revoca la sentencia del Juzgado de lo Social 7 de Bilbao, al creer que hace una «incorrecta valoración judicial del cuadro clínico de la recurrente». Los abogados de la demandante pedían la inclusión de nuevas cargas probatorias no tenidas en cuenta en el primer juicio, a lo que el TSJPV responde que, sin ser necesarias dichas inclusiones, es «de derecho estimar el recurso por no haber tenido en cuenta los informes médicos y los dictámenes de las diferentes patologías y dolencias graves de la demandante».
La sentencia del TSJPV tilda de «incongruente» la resolución judicial del juzgado dado que, a pesar de reconocer la existencia de patologías graves como fibromialgia con dolor incapacitante, fatiga crónica, deterioro cognitivo y trastorno depresivo, concluye que «no está afecta de ninguno de los grados de incapacidad permanente que postula, insistiendo en la gravedad de las patologías y su clara repercusión en su aptitud laboral, así como en el grado de dependencia que presenta, y la necesidad de ayuda».
Asimismo, el TSJPV afirma que la instancia «no ha considerado, en todo caso, que el desempeño de tareas administrativas como las que la actora realizaba exige alta concentración y esfuerzo, algo incompatible con su estado psico/físico».
Según los abogados, «llama también la atención del texto legal que los diagnósticos de la demandante se basaban en la fibromialgia y una fatiga crónica que le llevó al agotamiento extremo, sufriendo una serie de dolores que ‘le obligaban a estar en la cama'».
Esta trabajadora, apunta la defensa, tenía un grado reconocido de discapacidad del 37%, por lo que «la sentencia en primera instancia ha sido aún más incomprensible».
Además, según el TSJPV, aunque el INSS y la sentencia en primera instancia reconocieran que las exigencias de su puesto de trabajo no eran incompatibles con las «insuficientes limitaciones» de la administrativa, su profesión «exige, como resulta notorio, un estado psíquico/mental que la demandante no posee dado el deterioro cognitivo que aqueja y la dependencia moderada que acumula por la múltiples lesiones físicas y que refleja el médico evaluador, por lo que no conserva una aptitud psíquico/mental suficiente para llevar a cabo las tareas que comporta su profesión habitual, administrativa».
