A día de hoy, nuestro país sigue en una situación de extrema gravedad generada por la Pandemia que ha provocado el COVID-19. Este hecho ha cambiado nuestra forma de relacionarnos tanto socialmente como laboralmente y la forma con la que nos comunicamos.
La aseguradora Catalana Occidente / Plus Ultra / Antares, está exigiendo el pago de la prueba del COVID-19 a los asegurados de Telefónica de España, y por ende, a las empresas amparadas por el CEV.
Esta prueba es impuesta y obligatoria a todos los asegurados que tengan que realizar cualquier intervención por pequeña que sea, exigiendo el pago o no se puede realizar la intervención. Recordamos que forma parte del protocolo para la prevención del COVID-19 impuesto por el ministerio de Sanidad.
No entendemos, ni compartimos esta política de no cubrir esta prueba, máxime cuando viene impuesta por el ministerio de sanidad y esta enfermedad está siendo la primera causa de muerte en nuestro país.
Desde STC hemos dirigido un escrito al Comité Intercentros solicitando a la aseguradora y también a la empresa, que den una solución a esta problemática. Se tiene que dar la cobertura necesaria a la póliza de salud y no se puede cobrar por un servicio que es de obligado cumplimiento a todos los pacientes de la sanidad pública y la privada.
“” Como ya denunciamos en septiembre del 2018”” la venta de Antares provocaría perjuicios en cuanto a las garantías ofrecidas a los trabajadores de Telefónica, sometiendo a la póliza de salud a criterios de puro mercado sin mecanismos protectores y con una clara merma en cuanto a las prestaciones ofertadas y difícilmente defendible desde el propio Comité Intercentros una vez externalizada ANTARES con la venta a Catalana Occidente Plus ultra.
